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Una resolución muy completa, a favor de la sociedad en contra de abusos del poder policial, acaba de ser firmada en el Consejo Nacional de Policía, reunido este martes en la sede del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia.

Como centro de recopilación de argumentos, se encargará una Oficina de Atención a la Víctima, dependencia que se hace obligatoria ponerla en funcionamiento por cada cuerpo de policía, se encuentre en el plano
regional, local o nacional.

Esta nueva acción, llamada a hacer más transparente la actuación policial en cada caso, se resume de un documento alusivo a esta modalidad, puesto en ejecución por el Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, reunido con las más altas autoridades policiales, agrupadas en la mencionada institución.

En el citado papel se lee, que la creación de esta institución se hace en consideración a que “es deber del Estado Venezolano, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en los distintos ámbitos
territoriales, (…) a fin de regular y coordinar la actuación de los Cuerpos de Policía, nacional, estadales y municipales, considerando que las víctimas de delitos y/o abuso de poder… frecuentemente están
expuestas injustamente a pérdidas, daños o prejuicios ; a sufrir dificultades cuando comparecen en el enjuiciamiento de los delincuentes; y a no obtener respuesta por parte de la Instituciones de Control, ocurriendo así una doble victimización”.

La normativa se dirige en un sentido general, hacia la actuación policial en el tratamiento ciudadano, y los límites que por ética y profesionalismo debe observar continuamente. La Oficina de Atención a la Víctima nace en esta dirección, llamada a frenar el abuso policial que en muchos casos se presenta. De allí esta resolución, que fija normas y principios para la atención a las víctimas del delito y/o abuso del poder policial.

En su primer párrafo del articulado referido a esta dependencia, se lee expresamente: Artículo 1.-”Se crea la Oficina de Atención a la Víctima dependiente de los Cuerpos de Policía, la cual funcionará conforme a
mecanismos que garanticen a las víctimas un tratamiento con dignidad y respeto, protegiendo su intimidad y garantizando su seguridad, la de sus familiares, de las y los testigos en su favor, contra todo acto de
intimidación y represalia. Esta oficina, para la asistencia y protección de la víctima debe estar ubicada fuera de las instalaciones policiales”.

Y en un segundo artículo queda anotado, que se consideran víctimas de abuso de poder policial aquellas que han sido objeto de algún delito, actos arbitrarios o abusos cometidos por un funcionario o funcionaria.

Pero más aún, queda expresamente tipificada la actuación policial, cuando se les dice del deber que tienen de garantizar a las víctimas del abuso policial, el acceso a los mecanismos de justicia, del deber que tienen para tratar con consideración, respeto y sin discriminación alguna; utilizar cuando proceda, estrategias y técnicas para la solución alternativa de conflictos tales como la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación; y más, las víctimas de delitos o de abuso de poder policial, tendrán acceso a la información sobre las implicaciones que para ellas tienen los procedimientos policiales o judiciales, las actuaciones, el estado de su causa y la decisión que se haya tomado respecto a la misma

(Prensa MPPPRIJ. Pablo Bracho)

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